La Comisión Europea también lleva al Tribunal de Luxemburgo un tramo del AVE a Almería
ELENA G. SEVILLANO Madrid 10 JUL 2014 – 21:09 CET
La permisividad con una treintena de vertederos ilegales que deberían llevar años cerrados ha llevado a la Comisión Europea a denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. El comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnick, considera que su departamento ha advertido suficientemente a España del incumplimiento y ha decidido llevar el procedimiento de infracción a la fase final, la denuncia ante el tribunal, que decidirá si condena y si impone multas. La comisión anunció ayer otra denuncia contra España por cuestiones medioambientales, en este caso porque asegura que las obras del AVE Sevilla-Almería han afectado a una zona de especial protección de las aves.
La Comisión Europea abre cada año entre tres y cuatro centenares de expedientes por incumplimientos medioambientales a los Estados miembros. Se trata de procedimientos largos, con varias fases en las que Bruselas y los países se intercambian cartas de acusación y alegaciones, respectivamente. Es poco habitual llegar al punto en el que la Comisión acaba llevando a un país ante el Tribunal de Justicia de la UE. Según fuentes comunitarias, ocurre en una decena de casos al año, para cuestiones relacionadas con el medio ambiente. En el caso de los vertederos, Bruselas recuerda que ha emitido numerosas “advertencias previas” y que España lleva años incumpliendo la directiva que los regula.
La directiva relativa al vertido de residuos, de 1999, obligaba a examinar las condiciones de los vertederos existentes y a decidir qué hacer con ellos: adaptarlos para cumplir los estrictos requisitos de seguridad o cerrarlos si no los podían cumplir. Bruselas dio a los Estados hasta julio de 2009 para poner al día estas instalaciones, pero España no lo ha hecho. Actualmente tiene, según informa el portavoz de Potocnick, tres vertederos pendientes de renovación para adaptarse a la legislación vigente —Ortuella, en el País Vasco, y Zurita y Juan Grande, en las Islas Canarias— y otros 28 que ya deberían estar cerrados.
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